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Autogolpe de Estado de Perú de 1992

golpe de Estado ejecutado por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori
(Redirigido desde «Crisis constitucional del Perú de 1992»)

El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, por entonces presidente del Perú, dio un autogolpe de Estado durante la cual disolvió el Congreso de la República, se intervino al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia), a la Contraloría General de la República, al Banco Central de Reserva[1]​[2]​ y al Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional) instaurándose el denominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional».

Autogolpe del 5 de abril de 1992
Parte de Gobierno de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori.
Contexto del acontecimiento
También conocido como fujimorazo
Fecha 5 de abril de 1992
(Hace 32 años)
Sitio Perú Perú
Gobierno previo
Gobernante Alberto Fujimori
Forma de gobierno Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante Alberto Fujimori
Forma de gobierno Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional (gobierno autocrático)
[editar datos en Wikidata]

Máximo San Román, entonces vicepresidente, fue declarado por el disuelto congreso como nuevo presidente de la república.[2]​ Sin embargo, no obtuvo respaldo de la opinión pública ni la comunidad internacional. En reacción al autogolpe, se intentó un contragolpe de Estado al mando del general Jaime Salinas, que fracasó.[3]​ A pesar de ser un quiebre democrático, el autogolpe contó con apoyo popular,[1]​ aunque no de Estados Unidos ni de la OEA, quienes presionaron para el retorno a la democracia y la participación activa de la oposición en la vida política nacional.

Tras diversas gestiones y presiones, el 18 de mayo de 1992, Fujimori anunció la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático para la realización de una nueva constitución, acción que la comunidad internacional y la oposición percibieron como un proceso de retorno a la democracia por un tiempo.[4]​

Contexto

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Véanse también: Década perdida (Perú), Época del terrorismo en el Perú y Elecciones presidenciales de Perú de 1990.

Para el año 1990, el Perú pasaba por una hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García y los atentados terroristas realizados por Sendero Luminoso (liderado por Abimael Guzmán) y el MRTA (liderado por Víctor Polay Campos), quienes buscaban obtener el poder mediante el uso del terror. En las elecciones de dicho año el candidato prevalente era Mario Vargas Llosa del FREDEMO. Sin embargo, Alberto Fujimori, de Cambio 90, llegó a pasar a la segunda vuelta derrotando finalmente a Vargas Llosa.

Antes de iniciarse las elecciones, se había especulado que los militares desarrollaron un proyecto clandestino llamado Plan Verde que iba dirigido contra el gobierno de García. Desistieron de la idea de un golpe de Estado cuando eligieron a Fujimori, quien tenía ideas afines.[5]​[6]​ Según Fernando Rospigliosi, en su lugar los militares planificaron meticulosamente un autogolpe de Estado a lo largo de dos años, que culminó en abril de 1992 con Alberto Fujimori al mando.[5]​

Hechos previos

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Fricciones entre el parlamento y el gobierno

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Véase también: Periodo parlamentario 1990-1992 del Congreso de la República del Perú

Después de las elecciones de 1990, Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso de la República —Cámara de Diputados y Senado— frente a las mayorías relativas del Partido Aprista Peruano (PAP) y el FREDEMO.[7]​ Incluso, se produjo un conflicto entre Fujimori y los evangélicos, que llevó a la expulsión o salida voluntaria de dos senadores y diez diputados del oficialismo. Paralelamente, Máximo San Román, empezó a distanciarse de Fujimori y acercarse a la oposición en el parlamento.[8]​ Los conflictos entre el congreso y la presidencia empezaron a escalar. Entre noviembre de 1990 y enero de 1991, se inició un conflicto entre ambas partes debido al presupuesto de 1991 ya que Fujimori planteaba el equilibrio presupuestal mientras la oposición planteaba un presupuesto con déficit. Ante ello, Fujimori hizo uso de su facultad presidencial para emitir un decreto supremo de urgencia que suspendía los puntos agregados y/o modificados por la oposición. De esta forma, Fujimori promulgó el presupuesto según su directriz. En noviembre de 1990, se empezó a difundir el rumor de una posible vacancia por parte de la oposición hacia Fujimori usando la denuncia de evasión de impuestos que se presentara contra él durante la campaña de 1990. En marzo de 1991, en Caretas, se difundió la noticia de que algunos congresistas estaban estudiando la posibilidad de la destitución presidencial. Sin embargo, para la primera mitad de 1991, la oposición y Fujimori no llegaron a enfrentarse de manera definitiva debido a la formación de alianzas provisionales del gobierno con algunas figuras de la oposición aprovechando puntos coincidentes.[9]​

En septiembre de 1991, tras el incidente resultante de la invasión de tropas ecuatorianas a territorio peruano, una parte de la oposición planteó la responsabilidad política del presidente en la forma en que se había resuelto el incidente planteando, de esta forma, la posibilidad de destituir a Fujimori. Aunque la destitución no contó con el apoyo de la mayoría del parlamento, esto hizo que Fujimori desconfiara de la oposición.[10]​ En octubre del mismo año, se aprobó la acusación constitucional contra Alan García por enriquecimiento ilícito, lo que llevó a la ruptura entre el PAP y el oficialismo, aunque el PAP ya se estaba distanciando del gobierno desde principios de dicho año.[11]​ Para la segunda mitad de 1991, las alianzas empezaron a resquebrajarse, en especial tras la aprobación de la acusación contra García.[12]​

A finales de octubre de 1991, se aprobó el proyecto de la Ley de Control Parlamentario de los Actos Normativos del Presidente de la República (Ley N° 25397), mediante la cual el congreso podía anular las disposiciones que promulgara el presidente mediante sus facultades constitucionales. Esta decisión fue planteada luego del uso que realizara Fujimori de sus facultades para suspender las modificaciones realizadas por el congreso sobre el presupuesto de 1991 además de la firma, sin consulta de la oposición, del Convenio de Colaboración en el Control de Drogas con los Estados Unidos. El proyecto de ley encontró la oposición de Fujimori, quien argumentó que dicha ley mutilaba las facultades presidenciales establecidas por la Constitución de 1979.[13]​ La ley terminó siendo aprobada en diciembre de aquel año.[14]​

Confrontación abierta

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Los decretos antisubversivos

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La ruptura definitiva entre el congreso y el ejecutivo se dio en noviembre de 1991. Previamente, en mayo de 1991, el congreso había facultado al gobierno la emisión de decretos legislativos referentes a la creación de empleo, la inversión privada y la pacificación nacional con plazo hasta noviembre de dicho año. Para noviembre, Fujimori había publicado 117 decretos, siendo 83 publicados en noviembre. Sin embargo, el conflicto inició debido a las críticas de la oposición sobre el contenido de los referidos decretos, señalando que se había fortalecido las facultades del Estado y las Fuerzas Armadas permitiendo, incluso, el encarcelamiento de aquellos que difundieran por medios de comunicación la información confidencial del gobierno. Ante ello, Fujimori defendió los decretos como una medida de urgencia ante el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA, criticando que la oposición, cuando fue convocada en mayo de 1991 (por sugerencia de Hernando de Soto) no había realizado alguna propuesta concreta.[15]​[16]​ Además, criticó que el congreso no lograba ponerse de acuerdo sobre temas relacionados con la lucha antiterrorista, con muchas de las sesiones claves sin llegar al cuórum suficiente para la aprobación de leyes. Fujimori consideró al parlamento, entonces, como obstruccionista.[17]​ La oposición, mientras tanto, derogó y/o modificó 15 de los 40 decretos antisubversivos, lo que llevó a Fujimori a criticar la labor del congreso ya que, para él, la política antisubversiva había sufrido un fuerte retroceso.[18]​ Al mismo tiempo, la oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el ejecutivo, se sintió ofendida porque el Presidente había observado más de doce autógrafas de ley dadas por el Legislativo.[19]​ Asimismo, una comisión del senado investigaba el caso Barrios Altos, por los que, años después, fue juzgado y condenado Fujimori.[20]​

La censura al ministro de agricultura

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Tras la aprobación de la Ley de Control, Fujimori se vio impedido de usar sus facultades presidenciales por lo que aprobó el presupuesto de 1992, de naturaleza deficitaria. Además, en noviembre de 1991, fue aprobada por la oposición la Ley de Emergencia Agraria orientada al sector agrario. Esto provocó las críticas de Fujimori ya que dicha medida hacía que el Estado incurriera en déficit fiscal. A principios de diciembre de 1991, Fujimori declaró que la oposición era partidista y que «convendría quizás que haya un emperador y que pase por lo menos 10 años resolviendo problemas». Esto provocó que la oposición censurara al ministro de agricultura, Enrique Rossl Link.[21]​[22]​ Sin embargo, debido a que la constitución no especificaba el tiempo en la que el presidente aceptara la carta de renuncia de un ministro censurado, Rossl permaneció dos semanas en el cargo.[22]​

Moción al presidente

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La derogación de un decreto antisubversivo relacionado con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico hizo que Fujimori, en diciembre de 1991, criticara a la oposición afirmando la existencia de un lobby de los cárteles en el congreso. Esto hizo que se aprobara una moción crítica al presidente que se elaboró incluyendo el artículo 206 de la constitución, que se refería a las causales de vacancia. Dicha moción fue presentada por un integrante de Acción Popular. El PAP, por su parte, propuso una moción similar que fue rechazada gracias a las gestiones del Partido Popular Cristiano, quienes temían que una vez destituido Fujimori se podría producir un golpe de Estado.[23]​

Influencia aprista en las instituciones

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Mientras tanto, la fiscalía acusó al expresidente García ante la Corte Suprema. Sin embargo, debido a que durante su gobierno había nombrado a cinco vocales, la Corte Suprema rechazó la acusación. Entre otras instituciones bajo la influencia aprista estaban la Contraloría General de la República, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Superintendencia de Banca y Seguros y algunos gobiernos regionales. De esta forma, mediante el Tribunal los apristas lograron bloquear la reforma del sistema de compensación por tiempo de servicios declarándola inconstitucional. Paralelamente, García publicó un libro llamado El nuevo totalitarismo en donde criticaba a Fujimori y calificaba las políticas neoliberales como un «nuevo totalitarismo». A fines de marzo de 1992, García propuso a los políticos opositores la conformación de un frente nacional de partidos contra el «nuevo totalitarismo».[24]​

Autogolpe de Estado

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Preliminares

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Con la excusa de visitar el gimnasio de la Comandancia General del Ejército, a finales de noviembre de 1991, Fujimori se retiraba del Palacio de Gobierno para empezar a coordinar con los militares para el autogolpe.[25]​ Para Fujimori, la situación con el congreso se había deteriorado de manera profunda por lo que, tras lo ocurrido con los decretos legislativos sobre la pacificación y una eventual destitución, optó por la opción del autogolpe.[26]​ De esta forma, el general Nicolás Hermoza Ríos fue encargado para mantener el orden público, mientras que la parte política quedaba a cargo de Vladimiro Montesinos. Se encargó a Rafael Merino Bartet, colaborador del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), la elaboración del mensaje presidencial.[27]​

Se fijó como fecha para la realización del autogolpe tras el regreso de su viaje a Japón en marzo de 1992. En el transcurso de dicho viaje, Fujimori no realizó alguna insinuación sobre un posible autogolpe aunque le insinuó a un funcionario japonés que iba a empeorar las relaciones con el parlamento. Sin embargo, la denuncia presentada por Susana Higuchi, entonces esposa de Fujimori, contra Santiago Fujimori, hermano del presidente, hizo que se pospusieran los planes.[28]​

El 5 de abril, por la mañana, se convocó a Manuel Delgado Parker (Panamericana), Nicanor González (América) y Samuel y Mendel Winter (Frecuencia Latina) para que sus canales televisivos pasaran el mensaje. Por la tarde se grabó el discurso y, en la noche, las tropas esperaron la señal de Hermoza para salir a las calles.[27]​

Autogolpe

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La Constitución entonces vigente (1979) preveía una eventual disolución de la Cámara de Diputados tras la negación de confianza o censura de tres consejos de ministros sucesivos:

Artículo 227: El Presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.

Artículo 228: El decreto de disolución expresa la causa que la motiva.

Incluye la convocatoria a elecciones en el plazo perentorio de tres días, de acuerdo con la ley electoral en vigor al tiempo de la disolución.

Si el Presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o las elecciones no se efectúan, la Cámara disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades constitucionales y cesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de sus miembros pueda ser nominado nuevamente para ministerio alguno durante el período presidencial.

La Cámara elegida extraordinariamente completa el período constitucional de la disuelta.

Artículo 229: El Presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante el estado de sitio ni de emergencia.

Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato.

Durante ese término, la Cámara sólo puede votar la censura del Consejo de Ministros o de cualesquiera de los ministros con el voto conforme de por lo menos dos tercios del número legal de diputados.

El Presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución sino una sola vez durante su mandato.

La noche del domingo 5 de abril de 1992, Fujimori dio un mensaje a la Nación televisado. Anunció la «disolución temporal» del Congreso de la República y la «reorganización» del Poder Judicial. En aquel mensaje diría:

Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquéllas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no-reelección.

¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.

Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.

  1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
  2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
  3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.

Alberto Fujimori Fujimori,

5 de abril de 1992.

Tras el mensaje, ordenó al ejército peruano que condujese un tanque hasta la escalinata del Congreso para cerrarlo. Cuando un grupo de senadores intentó mantener la sesión, se lanzaron gases lacrimógenos contra ellos. Se instauró el «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional» y se dejó en suspenso la Constitución de 1979.

Postrimerías

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Decreto Ley N° 25418

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Fujimori promulgó el Decreto Ley Nº 25418, que disolvía el Congreso, otorgaba al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas, suspendía gran parte de la Constitución y facultaba al presidente a promulgar diversas reformas, como la «aplicación de penas drásticas» a los terroristas.[29]​

Detenciones y dimisiones

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El entonces presidente de la cámara de diputados del Poder Legislativo, Roberto Ramírez, fue detenido en su hogar, además del parlamentario César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti.[30]​ El primer ministro, Alfonso de los Heros, y el ministro de Agricultura dimitieron. Al mismo tiempo, el resto de los ministros apoyaron al gobierno de facto. Máximo San Román, entonces vicepresidente primero de la República, no apoyó el autogolpe. No se encontraba en el país en el momento de este y no fue informado de esta maniobra.

Exilio de Alan García

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Según relatara García, en la mañana del 5 de abril recibió una llamada anónima (que posteriormente se revelaría fue de Juan Carlos Hurtado Miller) que le advertía que un grupo militar había recibido órdenes de asesinarlo junto a Agustín Mantilla, ministro durante su gobierno. A pesar de ello, no le dio importancia ya que vivía en una casa con muros altos y disponía de escolta policial. La noche de aquel día, recibió la visita de Jorge del Castillo. Mientras esperaban el mensaje de Fujimori, la escolta de García le informó que un centenar de soldados estaban rodeando la cuadra. Luego, escucharon un mensaje de los militares que les solicitaban salir en dicho momento. Ante ello, y tras saber por llamadas telefónicas que otros miembros del APRA estaban siendo intervenidos, García corrió a cambiarse de ropa y recoger un par de armas que guardaba. Mientras, del Castillo intentó ganar tiempo hablando con los militares sin abrir la puerta. Luego, García realizó disparos al aire y saltó desde el segundo piso de su casa hacia la casa del vecino, para posteriormente recoger una escalera para subir un muro y llegar hacia un sitio en construcción, para después refugiarse en un tanque de agua. Por su parte, tras recibir una llamada que le indicaba que estaba fuera del alcance de los militares, del Castillo abrió la puerta, siendo detenido, encapuchado y llevado a un cuartel militar. Cinco días después, del Castillo fue liberado. García se lograría reunir con miembros de su partido y, tras nueve semanas en la clandestinidad, el 31 de mayo ingresó a la embajada de Colombia en Lima marchando posteriormente al exilio.[31]​

Reacción del congreso y juramentación de Máximo San Román

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El poder legislativo respondió al autogolpe activando las cláusulas constitucionales que permiten al Congreso destituir al presidente. Fujimori fue destituido y Máximo San Román juró formalmente la presidencia. Destacados políticos apoyaron esta medida: el expresidente Fernando Belaúnde Terry y la mayor parte del Partido Acción Popular apoyaron a San Román. Por el contrario, el excandidato presidencial del FREDEMO Mario Vargas Llosa hizo un llamamiento a la insurgencia civil para derrocar a Fujimori. Sin embargo, ni los militares ni la mayoría de la población apoyaron a San Román, que nunca llegó a ser presidente de facto.

Fricciones entre Fujimori y los Estados Unidos y la OEA

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Tras el autogolpe, el gobierno de Estados Unidos, liderado por George Bush, se opuso al accionar de Fujimori, sin embargo, no reconoció a Máximo San Román ni solicitó la renuncia de Fujimori.[32]​ Carlos Boloña, ministro de economía, viajó a Estados Unidos encontrando dificultades en su estadía. Ante ello, y a pedido de Boloña, Hernando de Soto organizó una llamada entre Palacio de Gobierno y la Casa Blanca, aunque Fujimori respondió que lo iba a considerar.[33]​ Mientras tanto, Boloña (que tenía fricciones con el canciller Augusto Blacker y el ministro Víctor Joy Way Rojas) tras su regreso del viaje presentó su renuncia, aunque Fujimori lo disuadió para permanecer. Boloña entonces solicitó el cambio de cuatro ministros, entre ellos Blacker y Joy Way, a lo que Fujimori accedió.[34]​

El 13 de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al autogolpe y exigió al gobierno peruano la recuperación de la democracia.[35]​ Fujimori tenía en mente la convocatoria de una comisión de especialistas para reformar la constitución vigente en ese entonces, hecho que encontró oposición de los Estados Unidos, que exigió el diálogo con las fuerzas opositoras. Además, los Estados Unidos criticaron la realización de un referéndum para preguntar si los peruanos estaban de acuerdo con el autogolpe.[36]​ El 16 de abril, ante la condena de la OEA, Fujimori anunció su intención de convocar a un diálogo con todas las fuerzas políticas así como el plazo de un año para la normalización de la situación y el retorno a la democracia en lo que se incluía la redacción de una nueva constitución. Los Estados Unidos se mostraron en contra del plazo presentado por Fujimori ya que consideraban que un año era demasiado para el proceso además de indicar que en la elaboración de una nueva constitución debían estar presentes las fuerzas antifujimoristas. El 1 de mayo, el subsecretario adjunto de Estados Unidos, Aronson, viajó a Perú para reunirse con Fujimori. En dicha reunión, Aronson cuestionó las medidas de Fujimori y le expresó que los Estados Unidos no iban a aceptar el proceso propuesto por el mandatario porque lo consideraban antidemocrático al no incluir a las diversas fuerzas políticas. Al finalizar la reunión, Aronson le sugirió la realización de una asamblea constituyente.[37]​

Aunque luego de la reunión con Aronson, Fujimori persistió en su plazo propuesto y su oposición a la asamblea constituyente, Boloña y de Soto empezaron a cambiar la posición de Fujimori hacia una idea favorable a la convocatoria de la asamblea constituyente. Para de Soto, el cambio que se iba a realizar se debía hacer mediante una forma democrática, poniéndose en contra de Vladimiro Montesinos, que se mostraba afín al autogolpe.[33]​[37]​

Hacia la instalación del Congreso Constituyente Democrático

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Tras la retirada de Aronson, llegó una comitiva de la OEA a Lima, con el objetivo de presionar, junto a los Estados Unidos, para el retorno a la democracia.[38]​ La comitiva, que permaneció entre los días 3 y 5 de mayo, trató de convencer tanto al oficialismo como a la oposición de la necesidad de una convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente. La oposición aceptó la propuesta a cambio de la renuncia de Fujimori, a lo que Fujimori se opuso y persistió en su plazo propuesto. Debido a la situación, se previó que, para el 17 de mayo, en una reunión ad hoc de los cancilleres de la OEA la aprobación de una resolución contra el Perú para sancionarlo con la suspensión total de la ayuda económica de los países extranjeros y organismos internacionales.[37]​

Ante la situación, el gobierno japonés envió a Terusuke Terada, con una carta del primer ministro Kiichi Miyazawa, para convencer a Fujimori de una salida democrática a la situación. La visita de Terada se realizó entre el 14 y el 15 de mayo. En la reunión entre Terada y Fujimori, Terada le manifestó que, de aprobarse la resolución, la ayuda hacia el Perú iba a ser suspendida, incluso la de Japón, enfatizándole a Fujimori la necesidad de presentar una nueva propuesta de normalización en la que la oposición pudiera estar presente. Fujimori le respondió que estaba evaluando presentar una nueva propuesta para el retorno a la democracia. El 16 de mayo, Fujimori se puso en contacto con los Estados Unidos para explicarle la nueva propuesta que disponía, recibiendo su apoyo extraoficial. El 18 de mayo, Fujimori se presentó en la reunión ad hoc, planteando la realización de un Congreso Constituyente Democrático (CCD) que, además de redactar una nueva constitución, asumiera funciones legislativas y de fiscalización hasta el año 1995, aunque reiteró su idea de realizar el referéndum sobre el autogolpe. Los países miembros de la OEA aceptaron la propuesta de Fujimori y se redactó una resolución manifestando la disposición de la OEA de apoyar al Perú en la realización de las elecciones para la CCD.[39]​

La convocatoria a la CCD fue reconocida como el proceso de retorno a la democracia en el Perú por la comunidad internacional. Mientras tanto, la oposición se mostró favorable a la propuesta de Fujimori y lanzaron un comunicado mostrando su disposición a participar en el proceso.[40]​ Sin embargo, con el tiempo, esta postura fue perdiendo fuerza. En 2001, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional condenaron posteriormente en un comunicado el autogolpe, y afirmaron que «ya no representan ningún compromiso de honor» por parte de las instituciones.[41]​

Opinión pública

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El 7 de abril de 1992 la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de Apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía al régimen como dictatorial y el 16% como democrático.[42]​ Posteriormente, Apoyo realizó en su encuesta El poder en el Perú, que en 1998 en una escala de 1 para indicar una dictadura a 7 para democracia, Fujimori tuvo la calificación de 3.53.[43]​

Una encuesta realizada por Ipsos para el periódico El Comercio en marzo de 2012 reveló que el 47% de los encuestados considera que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Ante la situación hipotética de que se retornara a 1992, el 50% de los encuestados señaló que desaprobaría un autogolpe.[44]​

Reacciones

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Locales

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En contra

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Muchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los más destacados se encontraban:

  • Alejandro Miró-Quesada Cisneros: «Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso».[45]​
  • Mario Vargas Llosa, quien se encontraba en Berlín, señaló a la agencia EFE: «Pienso llamar a todas las puertas para lograr el respaldo internacional, que permita hacer una presión fuerte y decisiva sobre los golpistas con el fin de que tengan que dar marcha atrás».[46]​
  • Alan García; quien tras enterarse del golpe y de escapar de su vivienda que fue rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia.[47]​
  • Fernando Belaúnde Terry no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó este al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.[48]​[49]​
  • Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de diputados y senadores en diversos lugares.

Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Francisco Eguiguren Praeli, Enrique Bernales Ballesteros, Gastón Soto Vallenas, Jorge Power Manchego-Muñoz, José Palomino Manchego, Walter Olivari, Francisco Miró Quesada Rada, Alfredo Quispe Correa, Valentín Paniagua Corazao, César Valega García, Víctor García Toma, Francisco José del Solar Rojas y Luis Ramírez Daza condenaron el golpe de Estado y la instauración de un gobierno de facto y exigieron la liberación de los opositores privados de su libertad.

A favor

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El constitucionalista Enrique Chirinos Soto afirmó que previo al 5 de abril de 1992, el Congreso había dado un golpe de Estado en contra de Alberto Fujimori, al aprobar la Ley N.º 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, normativa que, según Chirinos, «recorta las funciones y atribuciones» del presidente. Por ello, Chirinos consideró que, el 5 de abril, Fujimori dio un «contragolpe».[50]​ En el mismo sentido, Carlos Torres y Torres Lara sostuvo que lo realizado el 5 de abril se trató de un «contragolpe» para desarticular el «golpe» dado por el Parlamento con la «inconstitucional» ley Nº 25397.[51]​

En 2023, el Fondo Editorial del Congreso, dirigido por la fujimorista Martha Moyano, se mostró a favor del autogolpe en el libro escolar sobre la Constitución de 1993;[52]​ el texto generó quejas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).[53]​ El autor del libro presentado en historieta, Dimas Arrieta, acusó a la editorial de involucrarse en el proceso creativo.[54]​

Internacionales

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Las reacciones internacionales al autogolpe fueron diversas: los organismos financieros internacionales retrasaron los préstamos previstos o proyectados, y el gobierno de Estados Unidos suspendió la ayuda económica al Perú (aunque no la humanitaria).[55]​[32]​Alemania y España se mostraron en contra del autogolpe.[32]​ Venezuela rompió relaciones diplomáticas y Argentina retiró a su embajador. Chile se unió a Argentina para solicitar la suspensión de Perú de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El golpe amenazó la estrategia de recuperación económica de la reinserción y complicó el proceso de liquidación de atrasos con el Fondo Monetario Internacional.

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ a b Reuters (28 de abril de 1992). «Fujimori destituye al presidente del Banco Central de Perú». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 5 de junio de 2024. 
  2. ↑ a b Perú (05-04-1992). «Decreto Ley N° 25453. Nombran Presidente y miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú». 
  3. ↑ Cruz, Rodrigo (22 de julio de 2017). «La última batalla de los militares que se levantaron contra el autogolpe de Fujimori». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 29 de septiembre de 2024. 
  4. ↑ Murakami, Yusuke (2012). Perú en la era del Chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador (2 edición). Instituto de Estudios Peruanos. p. 300-313
  5. ↑ a b Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde». 
  6. ↑ Rendón-Schneir, Silvio R. (2013). Merino Aguirre, Iván Godofredo, ed. La intervención de los Estados Unidos en el Perú: desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks (1.ª edición). pp. 145-150. ISBN 978-612-45741-3-9. OCLC 870011320. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
  7. ↑ Paredes, Carlos (5 de abril de 2022). «Treinta años después…». Caretas. Consultado el 5 de abril de 2023. «No era verdad que el Congreso bicameral —con mayoría de diputados y senadores elegidos por el Fredemo, la alianza electoral de derecha liderada por Vargas Llosa— era obstruccionista». 
  8. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 277-278.
  9. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 279-280
  10. ↑ Murakami, Yusuke (2012). p. 283
  11. ↑ Murakami, Yusuke (2012). p. 281
  12. ↑ Murakami, Yusuke (2012). p. 282
  13. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 284-285
  14. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 285-286
  15. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 282-283
  16. ↑ Murakami, Yusuke (2012). p. 286
  17. ↑ «Subcomisión del Congreso». www2.congreso.gob.pe. Consultado el 11 de marzo de 2022. 
  18. ↑ Murakami, Yusuke (2012). pp. 286-287
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  20. ↑ Reportaje del programa de televisión Prensa libre, de Rosa María Palacios. Julio de 2008
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Bibliografía

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