Consejo del País Valenciano

El Consejo del País Valenciano (en valenciano, Consell del País Valencià) fue una institución preautonómica de la actual Comunidad Valenciana, denominada País Valenciano en el Real-Decreto de 17 de marzo de 1978 que lo creó («Artículo segundo. El territorio del País Valenciano comprende el de los Municipios incluidos dentro de los actuales límites administrativos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia»).[2][3]​ Fue negociado por el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano con el gobierno de Adolfo Suárez como paso previo a la consecución de un Estatuto de Autonomía, una reivindicación histórica del nacionalismo valenciano, asumida por las fuerzas democráticas de la oposición antifranquista agrupadas en la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, creada en la primavera de 1976. El primer presidente del Consell fue Josep Lluís Albiñana, del PSOE.

Bandera del Consejo del País Valenciano entre 1979 y 1982[1]

Antecedentes

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Bandera cuatribarrada utilizada por los nacionalistas valencianos y las fuerzas antifranquistas como enseña propia del País Valenciano.

En los años finales de la dictadura franquista los clandestinos partidos de la oposición antifranquista formaron varios organismos unitarios que reivindicaban la amnistía, las libertades democráticas y el Estatuto de Autonomía para Valencia. El primero de estos organismos fue la Taula Democràtica del País Valencià, fundada en 1973, y al año siguiente se fundó la Junta Democrática de España, encabezada por el Partido Comunista de España —su primera junta local fue la de Alcoy y la de Valencia se fundó en mayo de 1975, núcleo de la Junta Democrática del País Valenciano constituida en agosto—. En junio de 1975 nacía el Consell Democràtic del País Valencià, adscrito a la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE, y en el que se integró la Taula Democràtica. En la primavera de 1976, meses después de la muerte del dictador Franco, la Junta y el Consell se unieron para formar la Taula de Forçes Polítiques i Sindicals del País Valencià. El 12 de julio de 1976 convocaba una manifestación en Valencia, que no fue disuelta por la policía, con el lema «Per la llibertat, per l'amnistía, per l'Estatut d'Autonomía, pel Sindicat Obrer». Las señeras que portaban los que participaron en ella eran «cuatribarradas» sin franja azul.[4]

En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, que en el conjunto de las tres provincias de Alicante, Castellón y Valencia fueron ganadas por el PSOE que obtuvo el 36,3 % de los votos y 13 escaños, seguido a corta distancia por la coalición gubernamental UCD (de la que formaban parte el Partido Popular Regional Valenciano y el Partit Demòcrata Liberal del País Valencià) con el 33 % de los votos y 11 escaños. También consiguieron representación el PCE con un 9,1 % y 3 escaños y el Partido Socialista Popular (en coalición con el PSPV), Alianza Popular y un independiente (por Castellón) José Miguel Ortí Bordás, posteriormente integrado en la UCD, con un diputado cada uno. Así pues, a diferencia del conjunto de España donde la fuerza política más votada fue UCD, la victoria fue para la izquierda que consiguió 16 diputados frente a los 13 del centro y de la derecha.[5]

Poco después de la celebración de las elecciones se constituyó el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano, que agrupaba a los diputados y a los senadores elegidos en las tres provincias (41 miembros en total). En él el PSOE contaba con la mayoría absoluta pues sumaba 21 parlamentarios (13 diputados más 8 senadores), mientras que UCD quedaba muy lejos con sus 14 parlamentarios (11 diputados y 3 senadores). La mayoría de izquierdas quedaba reforzada con los 3 parlamentarios del PCE y el del PSP-Unidad Socialista. Sin embargo, no fue hasta un mes después de la gran manifestación «Per l'Estatut» que tuvo lugar en la ciudad de Valencia el 9 de octubre, que el presidente Adolfo Suárez se reunió con los representantes de la Asamblea de Parlamentarios. El Real Decreto estableciendo el preautonómico Consell del País Valenciano no se promulgaría hasta el 18 de marzo del año siguiente.[6]

Competencias

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En el artículo 8 del Real-Decreto se establecían las competencias del Consejo del País Valenciano:[2]

a) Elaborar y aprobar las normas reglamentarias de su régimen interior, de conformidad con lo que se establece en el desarrollo de este Real Decreto-ley.
b) Integrar y coordinar las actuaciones y funciones de las tres Diputaciones Provinciales del País Valenciano, sin perjuicio de las facultades privativas de aquéllas.
c) Gestionar y administrar las funciones y servicios que le transfieran la Administración del Estado y, en su caso, las expresadas Diputaciones Provinciales. El Gobierno establecerá el procedimiento para realizar tales transferencias.
d) Asimismo, podrá proponer al Gobierno cuantas medidas afecten a los intereses generales del Pais Valenciano.

Y en el artículo 9 se especificaba que «para la ejecución de sus acuerdos, el Consejo del País Valenciano podrá utilizar los medios personales y materiales de las Diputaciones Provinciales del Pais Valenciano, las cuales deberán prestar toda la colaboración necesaria para el efectivo cumplimiento de aquellos acuerdos».

Según Vicent Flor, el Real-Decreto no respondió completamente a las expectativas de la mayoría de izquierdas del Plenario de Parlamentarios ya que «no reconocía ningún tipo de Generalitat provisional (como había solicitado la oposición) ni aportaba competencias efectivas. Además, el gobierno español se reservaba la posibilidad de suspender actos y acuerdos del Consell... De hecho, [el gobernador civil de Valencia] Pérez Olea se acogió al artículo 10 para interferir constantemente en la actuación del Consell. A modo de ejemplo, anuló en julio de 1978 la decisión de conceder el título de honorable al municipio de Picanya por haber puesto en una placa el nombre de País Valencià».[7]

Primer Consell (1978-1979), presidido por el socialista José Luis Albiñana

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José Luis Albiñana, en 2014. Fue el primer presidente del Consejo del País Valenciano (ocupó el cargo entre el 10 de abril de 1978 y el 22 de diciembre de 1979).

El 10 de abril de 1978 se reunió en el histórico Monasterio del Puig el Plenario de Parlamentarios del País Valenciano para elegir a los doce miembros del Consell y a su presidente (en cuya elección no tenían derecho a intervenir los tres representantes que le correspondían a las Diputaciones Provinciales franquistas). Se acordó formar un gobierno de concentración en el que estuvieran representadas las cinco fuerzas políticas parlamentarias (PSOE, UCD, PCE, AP y PSP-US) y José Luis Albiñana, del PSOE, fue elegido para presidirlo.[7]

Como ha señalado Vicent Flor, este primer Consell se encontró con «unas dificultades intensas provocadas por tres frentes: la dilación del gobierno español en transferir competencias; la negativa de las todavía franquistas diputaciones provinciales a colaborar con él (tenían los recursos económicos y humanos para hacer posible el funcionamiento del Consell, que sólo contaba con un presupuesto de poco más de cien millones de pesetas de la época [600 000 euros]) y, también el conflicto identitario y las campañas anticatalanistas».[8]

Para intentar superar estas dificultades, el presidente Albiñana se propuso alcanzar la unidad de todas las fuerzas políticas para presionar al gobierno de Madrid y el 8 de octubre de 1978, la víspera del primer aniversario de la gran manifestación celebrada en Valencia «Per l'Estatut», consiguió que todas firmaran (incluidas las que no habían conseguido representación parlamentaria en las elecciones de junio de 1977) el Compromís Autonòmic ('Compromiso Autonómico') según el cual todos los firmantes se comprometían a conseguir «la máxima autonomía en el menor tiempo posible». El Compromís también incluía instar al Plenario de Parlamentarios a que iniciara con urgencia las negociaciones para redactar un proyecto consensuado de Estatuto.[7]​ Para apoyar el Compromís se celebró un aplec ('reunión') en la plaza de toros de Valencia que congregó a más de 20 000 personas —durante su celebración estalló un artefacto explosivo en los lavabos que, afortunadamente, no causó ninguna víctima—.[9]

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, el Consell se reunió en Morella el 9 de enero de 1979 para iniciar formalmente el proceso autonómico siguiendo la vía del artículo 151 de aquella, que era la que garantizaba «la máxima autonomía en el menor tiempo posible», frente al procedimiento «lento» establecido en artículo 143 por el que habría que esperar cinco años para alcanzar la autonomía plena con parlamento y Tribunal Superior de Justicia propios. Para ir por la «vía rápida» del 151 se requería la aprobación de las tres diputaciones provinciales y de las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las tres provincias, por lo que habría que esperar a la celebración de las elecciones municipales para que fueran sustituidas las todavía corporaciones franquistas por unas democráticas, elegidas por los ciudadanos.[10]

Pero antes, el 1 de marzo, se celebraron elecciones generales en las en el conjunto de las tres provincias se repitió el resultado de las anteriores de 1977. De nuevo la izquierda sobrepasó a la derecha: PSPV-PSOE (que había absorbido al PSP y al PSPV) y PCE sumaron 16 diputados frente a los 13 de UCD (convertido en partido único y ya claramente decantado hacia el «anticatalanismo» con Fernando Abril Martorell y Manuel Broseta, junto con Emilio Attard, al frente). Alianza Popular no consiguió representación. En cuanto al «blaverismo» político, URV consiguió un concejal en el Ayuntamiento de Valencia y otro en el de Catarroja. Constituyó toda una sorpresa que Acción Republicana Democrática Española (ARDE) obtuviera la alcaldía de Segorbe gracias a sus cinco concejales.[11]

Al mes siguiente, el 3 de abril, se celebraron las elecciones municipales en las que la izquierda consiguió el 49,9 % de los votos (y se hizo con las alcaldías de la mayoría de las poblaciones de más de 20 000 habitantes) y la UCD el 36,3 % (imponiéndose en gran parte de los pequeños municipios). Debido a la forma de reparto de los diputados provinciales, que premiaba a las zonas rurales, UCD consiguió la presidencia de las Diputaciones de Castellón y de Alicante (no así la de Valencia que pasó a ser encabezada por el socialista Manuel Girona).[12]

El 25 de abril (fecha de la victoria de las tropas borbónicas en la batalla de Almansa de 1714 que trajo consigo la pérdida de los fueros e instituciones propias del reino de Valencia) el Consell (todavía con su composición antigua al no haberse incorporado los representantes de las tres diputaciones, que pasaban de tres a nueve, según lo establecido en el decreto de 17 de marzo de 1978) adoptó como bandera la señera sin franja azul, con el escudo del Consell (el histórico de Pere el Cerimoniós) en el centro para diferenciarla de la bandera de Cataluña. Los miembros de UCD y el de AP se ausentaron de la reunión en desacuerdo con lo que se iba aprobar y alegando después que la decisión era ilegal ya que se había adoptado sin haber alcanzado el quorum necesario de ocho miembros establecido en el artículo 15 del reglamento del Consell (ya que solo estuvieron presentes siete: los seis del PSOE y el del PCE).[3][13][14]

La decisión de adoptar la «cuatribarrada» (aunque se hubiera incluido el escudo del Consell en el centro) provocó una brutal ofensiva del «blaverismo» respaldada por UCD (que en su lista de la ciudad de Valencia para las elecciones municipales había incluido a Rafael Orellana, uno de los fundadores del GAV) y alentada desde las páginas del diario Las Provincias.[15]​ Ya en el mismo momento de adoptar el acuerdo varios cientos de personas intentaron invadir la sede del Consell. Más adelante el presidente Albiñana fue agredido en el aeropuerto de Manises cuando volvía de París donde había encabezado diversos actos valencianistas, mientras que la bandera del Consell era arrancada de la fachada del Palau de la Generalitat, y las banderas que ondeaban en la Fira del Llibre eran quemadas por miembros del GAV. [16]​ El 12 de mayo tuvo lugar una manifestación en Valencia en defensa de la «personalidad valenciana» y para pedir la dimisión de Albiñana y del recién elegido alcalde de la ciudad, el también socialista Fernando Martínez Castellano, quien en cumplimiento del decreto del Consell —como hicieron otros muchos alcaldes— había ordenado izar la bandera en el balcón del Ayuntamiento junto a la española y a la de la ciudad con franja azul (la nueva corporación democrática también había decidido cambiar el nombre de la plaza del Caudillo por el de «Plaça del País Valencià»). Días más tarde la policía desactivaba dos artefactos explosivos en los domicilios de Albiñana y de Martínez Castellano.[14][16]

El 9 de junio de 1979 se constituyó en Alicante el nuevo Consell en el que UCD, y no la izquierda, era la formación política que ostentaba la mayoría (con diez de los dieciocho miembros) gracias a que había ganado las Diputaciones de Alicante y de Castellón (según el Real Decreto de 17 de marzo de 1978[2]​ cuando se celebraran las elecciones municipales la composición del Consejo del País Valenciano variaría: los doce miembros elegidos por los parlamentarios quedarían reducidos a seis y los tres nombrados por las Diputaciones pasarían a nueve, tres por cada una de ellas).[12]​ El problema se planteó cuando se procedió a nombrar a su presidente ya que según el Real Decreto este era elegido por los miembros del Consell escogidos por el Plenario de Parlamentarios, y no por la totalidad del mismo (y en el Plenario la izquierda tenía la mayoría). UCD intentó que fuera elegido alguno de los tres candidatos que presentó (Emilio Attard, Manuel Broseta o Enrique Monsonís), pero el PSPV-PSOE, tras un intenso debate interno y contando con el apoyo del PCE, optó por reelegir a Albiñana, convencido este de que desde la presidencia podría conseguir que se aprobara el Estatuto de Autonomía por la vía del 151 (otro sector socialista pensaba que era mejor pasar a la oposición, comprobados los escasos resultados del primer gobierno autonómico). Las respuesta de los centristas fue asumir todas las consejerías que fueron acaparadas por sus cuatro consejeros, impidiendo así que se formara un nuevo gobierno de concentración.[17]

A partir de entonces Albiñana puso todo su empeño en conseguir que los ayuntamientos de las tres provincias aprobaran la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 (el primero en hacerlo había sido el de Picanya a propuesta de su alcalde, el socialista Ciprià Ciscar). Y al mismo tiempo la ofensiva del «blaverismo» se intensificó. Los incidentes más graves tuvieron lugar el 3 de septiembre en Quart de Poblet (un grupo violento impidió la celebración de un pleno extraordinario del Consell, obligando a las autoridades a refugiarse dentro del edificio del Ayuntamiento sobre el cual se lanzó una lluvia de piedras; se rompieron los vidrios de la ventanas y resultaron heridas y contusionadas varias personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Valencia Manuel Girona; finalmente, Albiñana y Girona se vieron obligados a abandonar la población protegidos por sus escoltas)[18]​ y el 9 de octubre en Valencia (momentos antes de que se iniciara la tradicional «procesión cívica», desde el grupo de manifestantes que proferían gritos e insultos contra los miembros de la corporación, se lanzó hacia el balcón del Ayuntamiento un proyectil encendido que en pocos segundos quemó la bandera del Consell y también las otras dos banderas —la nacional y la de la ciudad— que ondeaban en aquel momento entre los gritos de júbilo de los congregados;[19][20]​ los insultos, los empujones y los golpes a los concejales de izquierda y al alcalde Ricard Pérez Casado (que acababa de sustituir a Martínez Ferrando que había dimitido), y al presidente de la Diputación, continuaron durante el recorrido; llegados a los pies de la estatua ecuestre de Jaime I impidieron con gritos, abucheos e insultos que el concejal socialista Vicent Garcés y el alcalde hablaran).[21]

 
Fernando Abril Martorell, entonces vicepresidente segundo del Gobierno, conversando en el Congreso de los Diputados con el presidente Adolfo Suárez en 1979. Desde septiembre de ese año era el presidente regional de UCD en Valencia, con Manuel Broseta, como secretario general.

El 29 de octubre Albiñana presentaba en el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Administración Territorial la documentación en la que se recogían los requisitos establecidos para acceder a la autonomía por la vía «rápida» del artículo 151 (el acuerdo de las tres Diputaciones y de más de las tres cuartas partes de los ayuntamientos de cada una de las tres provincias). Y al mismo tiempo el Plenario de Parlamentarios nombraba una comisión encargada de redactar el proyecto de Estatuto.[22]​ Pero dos meses después el Consell, controlado por UCD (cuyo presidente regional era desde septiembre Fernando Abril Martorell, con Manuel Broseta, como secretario regional), presentaba una moción de censura contra Albiñana. Los socialistas anunciaron entonces que se retiraban del Consell y el 22 de diciembre dimitió Albiñana, al sentirse desautorizado por su partido (con cuya ejecutiva, encabezada por Joan Lerma, mantenía unas relaciones cada vez más tensas). «Por fin el PSOE ha comprendido nuestra posición cardinal de que mientras Albiñana presidiera el Consejo era imposible negociar la vía a la verdadera autonomía», señaló Manuel Broseta.[23]​ Por su parte Albiñana declaró tras su dimisión que «la autonomía valenciana se encuentra estrangulada por una derecha reaccionaria, incapaz de romper con sus antecedentes», como lo probaría «la falta de colaboración de UCD en la vía del artículo 151».[24]

Segundo Consell (1980-1982), presidido por el ucedista Enrique Monsonís

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La presidencia «en funciones» del Consell la asumió el 4 de enero de 1980 el ucedista Enrique Monsonís, sin haber convocado el Plenario de Parlamentarios tal como establecía el Decreto del 17 de marzo de 1978. El propio Monsonís se hizo cargo de las consejerías de Economía y Hacienda, de Interior y de Trabajo, mientras que el también ucedista José Peris Soler ocupaba las consejerías de Educación y Cultura y Sanidad y Seguridad Social; Leonardo Ramón Sales, las de Industria y Comercio y de Agricultura; y Antonio Espinosa Chapinal (sustituido a partir de junio de 1980 por José Luis Sorribes Mur), las de Obras Públicas y Urbanismo, de Turismo, de Transportes y de Bienestar Social.[25][26]​ Pocos días después el secretario general del PSPV-PSOE Joan Lerma se mostraba dispuesto a aceptar la señera con franja azul, que defendían los «blaveros», y el día 14 Monsonís ordenaba que la señera del Consell fuera arriada del Palacio de la Generalitat. A partir de entonces, como ha señalado Francesc Viadel, «el anticatalanismo vivió dos años de placidez»,[27]​ aunque esto no significó que aflojara la presión, ni que desapareciera la violencia «blavera».[28]​ Otra de las primeras decisiones de Monsonís fue no aplicar el Decreto de Bilingüismo aprobado el 28 de agosto de 1979 por el que se introducía la enseñanza del valenciano en las escuelas. De hecho desde la consejería de Educación se prohibió a un colegio de Barx (comarca de La Safor) que se usara el valenciano fuera de la clase específica e incluso durante la hora del recreo.[29]

A pesar de que se había presentado la documentación que acreditaba que las tres diputaciones y más de dos tercios de los ayuntamientos de las tres provincias habían aprobado la iniciativa autonómica por la vía del 151, el gobierno ucedista de Adolfo Suárez no convocó el referéndum preceptivo para culminar el proceso (como sí lo hizo para Andalucía, cuyo referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico se celebraría el 28 de febrero de 1980). El argumento que utilizó el gobierno fue que no se habían cumplido todos los requisitos de la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum (aunque esta había sido promulgada el 18 de enero de 1980, después por tanto de la presentación de la documentación), según la cual los acuerdos de los ayuntamientos debían establecer explícitamente que la vía que apoyaban era la del 151 (en algunos de ellos el acuerdo decía que se estaba a favor de «la autonomía plena en el menor tiempo posible»). El 15 de enero la ejecutiva nacional de UCD había hecho público que solo apoyaba la vía del 143. Según Vicent Flor, «a UCD, en realidad, le interesaba el camino del 143, no solo porque se ajustaba mejor al españolismo unitarista sino también porque el PSPV-PSOE contaba con mayoría en el Plenario, órgano elaborador del proyecto de Estatuto en la vía del 151, mientras que el artículo 146 encomienda la redacción estatutaria de los del 143, a "una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación... y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas". En esta asamblea mixta UCD sí que contaba con la mayoría».[30]

La respuesta a la negativa del gobierno a convocar el referéndum fue inmediata. El 1 de febrero los partidos firmantes del Compromiso Autonómico del año anterior, del que UCD se había desmarcado, convocaron una manifestación en Valencia en defensa de la autonomía plena que reunió a unas 25 000 personas (en la misma también participó URV, por lo que convivieron las señera con azul y sin azul). Dos días más tarde eran los partidos nacionalistas valencianos y la izquierda extraparlamentaria (PNPV, MCPV, PSAN, entre otros) los que reunieron a otras 25 000 personas con la misma finalidad.[30]

 
Bandera propuesta en el «Estatuto de Benicàssim» de 1981.[31]

Tras el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que tuvo uno de sus dos escenarios principales en la ciudad de Valencia, el PSPV-PSOE aceptó la oferta de UCD de elaborar un Estatuto de Autonomía de consenso, siguiendo la vía del 143 (no la del 151 como hasta entonces habían defendido los socialistas). Así que el 10 de abril se convocó el Plenario de Parlamentarios, que por unanimidad acordó la formación de una comisión redactora del Estatuto.[32]​ La Comisión, integrada por dos ucedistas (Luis Berenguer y José Ramón Pin Arboledas), dos socialistas (Joan Lerma y Felip Guardiola) y un comunista (Antonio Palomares) se puso a trabajar inmediatamente y solo tres semanas después, el 30 de abril, presentó un primer anteproyecto (conocido como el «Estatut de Benicàssim», por el lugar donde se redactó), aunque iba acompañado de un anexo con las propuestas alternativas de UCD («Reino de Valencia», como denominación del territorio, frente a País Valenciano; señera con franja azul con los escudos de las tres Diputaciones Provinciales para diferenciarla de la de la ciudad de Valencia; derecho de usar el valenciano, pero sin reconocer el deber de conocerlo, y sin que se estableciera ningún órgano normativo).[33]

Tras dos reuniones fallidas del Plenario de Parlamentarios, celebradas el 16 de mayo en Alicante y el 12 de junio en Valencia, se llegó a un acuerdo el 19 de junio en Peñíscola, pero de nuevo incorporando como anexos las enmiendas y las redacciones alternativas como documentación anexa. Paralelamente Monsonís hizo una oferta a los socialistas para que se reincorporaran al Consell que éstos aceptaron y el nuevo gobierno quedó constituido el 14 de septiembre (las consejerías de Hacienda, Educación, Agricultura y Obras Públicas y Urbanismo, serían para UCD; y las de Interior, Economía, Industria y Comercio, Cultura, Trabajo y Sanidad y Seguridad Social, para el PSPV-PSOE; el PCPV continuó al frente de Transportes y Turismo). Sin embargo, este nuevo gobierno de concentración estuvo a punto de romperse en varias ocasiones, debido al enfrentamiento por el Estatuto y a la diametralmente opuesta política lingüística aplicada por la consejera de Educación, la conocida secesionista Amparo Cabanes Pecourt, y por el consejero de Cultura, el socialista Ciprià Ciscar, defensor de la «unitat de la llengua».[34]

 
Bandera aprobada en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982.

Un mes después de la constitución del nuevo Consell, que continuaba presidido por Enrique Monsonís, se publicaba en el Boletín del Congreso de los Diputados el proyecto de Estatuto, abriéndose a partir de entonces el periodo de presentación de enmiendas (143). La ponencia concluyó sus tareas el 15 de diciembre, manteniendo prácticamente el texto consensuado en Benicàssim y ratificado en Peñíscola. Pero durante el debate en la Comisión Constitucional se volvió a abrir el contencioso identitario sobre la denominación, la bandera y la lengua y acabaron imponiéndose las tesis de UCD (a pesar de que se encontraba en pleno proceso de descomposición). El pleno del Congreso de los Diputados debatió el «Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia» el 9 de febrero de 1982, pero ante las dificultades para lograr un acuerdo, el presidente del Congreso de los Diputados optó por devolver el texto a la Comisión. Finalmente se aprobó, con el voto en contra de los comunistas y la abstención de algunas minorías, con el cambio de denominación de «Reino de Valencia» por el de «Comunidad Valenciana» y con la señera con franja azul como bandera oficial. Tras pasar por el Senado, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana quedó definitivamente aprobado el 1 de julio de 1982, acompañado de una Ley complementaria que ampliaba sus competencias para equipararlas con las de la vía del artículo 151.[35]

La aprobación del Estatuto de Autonomía fue recibida con indiferencia por la sociedad valenciana debido, según Vicent Flor, al «hecho de no tener legitimación democrática directa, la autonomía de segunda división y la victoria simbólica blavera».[36]​ Este mismo sociólogo e historiador ha destacado que, a diferencia del protagonismo que tuvieron los ciudadanos de las «nacionalidades llamadas históricas» en el logro del autogobierno, los valencianos no tuvieron ninguno porque al final «ni fue aprobado por sus representantes ni corroborado en referéndum por ellos. Así, el 143 restó legitimidad al Estatuto e hizo, entre otros motivos, que se cerrase en falso el enfrentamiento identitario, que se ha prolongado más de tres décadas».[37]

 
El presidente del gobierno Felipe González (derecha) recibe en el Palacio de la Moncloa a Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana (izquierda), en 1984.

En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto se constituyó una Asamblea formada por «los parlamentarios elegidos en las elecciones generales de 1979, más otros tantos miembros designaos por los partidos políticos por los que fueron presentados en la misma proporción» que asumió las funciones de las Cortes Valencianas «de forma transitoria, hasta las primeras elecciones de las mismas». Esta Asamblea eligió como nuevo presidente del Consell al socialista Joan Lerma, aunque Enrique Monsonís se resistió a dejar el cargo (llegó a plantear una consulta al Consejo de Estado) y el nombramiento de Lerma no fue publicado en el BOE hasta tres meses después, el 24 de noviembre de 1982. El mes anterior el PSOE había ganado por mayoría absoluta las elecciones generales.[38]

Véase también

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Referencias

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  1. Decreto de 24 de abril 1979, por el que se establece la bandera del Consejo del País Valenciano (Boletín Oficial del Consejo del País Valenciano número 7).
  2. a b c Real Decreto-Ley 10/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el régimen preautonómico del País Valenciano
  3. a b Decreto de 3 de junio de 1978 por el que se publica el Reglamento de Régimen Interior del Consell del País Valenciano
  4. Flor, 2011, pp. 83-85.
  5. Viadel, 2009, p. 82-83.
  6. Flor, 2011, pp. 87-88.
  7. a b c Flor, 2011, p. 89.
  8. Flor, 2011, pp. 88-89.
  9. Flor, 2011, p. 89-90.
  10. Flor, 2011, p. 90.
  11. Flor, 2011, pp. 90-92.
  12. a b La victoria de la izquierda no alcanza a las diputaciones, El País, 5 de abril de 1979.
  13. «El Consejo del País Valenciano adopta la bandera cuatribarrada», El País, 26 de abril de 1979.
  14. a b Flor, 2011, p. 93.
  15. Viadel, 2009, pp. 105-106.
  16. a b Viadel, 2009, p. 105.
  17. Flor, 2011, pp. 93-94.
  18. Viadel, 2009, p. 106.
  19. Viadel, 2009, p. 107-109.
  20. «Yo di todos los medios e ideé la mecha» que quemó las banderas Archivado el 1 de julio de 2016 en Wayback Machine.. Entrevista a Rafael Orellana por el diario El Mundo el 9 de octubre de 2010
  21. Viadel, 2009, pp. 109-113. «Estos hechos demuestran como en pocos años el anticatalanismo había crecido en efectivos y en actividad al cobijo del malestar de determinados sectores por el advenimiento de la democracia. En 1977 el blaverismo apenas era capaz de convocar un puñado de individuos para boicotear los bailes de sardanas que tenían lugar las mañanas de domingo en el Parterre organizadas por la Casa de Cataluña de la ciudad. Ahora, en cambio, representaba una auténtica amenaza en la calle, y por si fuera poco, instrumentalizado y confundido con partidos que, como UCD o AP, aspiraban a gobernar a los valencianos desde las nuevas instituciones».
  22. Flor, 2011, p. 94-95.
  23. «José Luis Albiñana, principal perdedor en la crisis del Consejo», El País, 20 de diciembre de 1979.
  24. «Dimite Albiñana tras la retirada del PSOE del Consell», El País, 23 de noviembre de 1979.
  25. Viadel, 2009, p. 146.
  26. Flor, 2011, pp. 95-96.
  27. Viadel, 2009, p. 1491ps=«La realidad es que los blaveros tenían la calle y que la izquierda se mostraba dividida y poco dispuesta a defender hasta las últimas consecuencias sus planteamientos».
  28. Viadel, 2009, pp. 149-151.
  29. Flor, 2011, p. 96.
  30. a b Flor, 2011, p. 95.
  31. http://www.congreso.es/public_oficiales/L1/CONG/BOCG/H/H_068-I.PDF
  32. Flor, 2011, p. 96. «El golpe militar, pues, tuvo un efecto fundamental en los acuerdos autonómicos. La "reconducción" facilitó el acuerdo alrededor del 143. Después de Tejero, la autonomía valenciana será definitivamente de segunda división, lo que reconocerán incluso destacados socialistas [como Ricard Pérez Casado]».
  33. Flor, 2011, p. 96-97.
  34. Flor, 2011, p. 98. «Mientras que la primera [la consejería de Cultura] aceptaba las tesis universitarias y subvencionaba actividades den defensa de la normalización y la unidad lingüísticas, la segunda [la consejería de Educación] daba apoyo a planteamientos secesionistas y planteaba iniciativas nada favorables a la valencianización de la enseñanza».
  35. Flor, 2011, pp. 98-99.
  36. Flor, 2011, p. 99.
  37. Flor, 2011, p. 100. «La transición, pues, implicó una rebaja de las perspectivas iniciales de autogobierno... Como causas fundamentales hubo una interna, la intervención de la estrategia anticatalanista, y una externa, el golpe de Estado de 1981, que hizo reemerger la tradición unitarista y uniformista. Además, buena parte del paquete simbólico blaverro se convertirá en oficial y, por tanto, acabará por su rutinario, lo que contribuirá decisivamente a la legitimación de este».
  38. Flor, 2011, pp. 99-100.

Fuentes

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