Usuario:Mariapoyatos/Pruebas

El Debate sobre el papel de Internet en la Ley Sinde es un breve artículo acerca de la opinión pública que ha suscitado este precepto, incluído en la Ley de Economía Sostenible que aprobó el Gobierno hace unos meses. Desde su creación, los medios de comunicación españoles han ido informando puntualmente de su proceso de aprobación, exponiendo las claves básicas para entender la Ley y fomentando el debate y la interacción entre los afectados por la misma. Por tanto, el artículo explicará en qué consiste este apartado de la Ley, que lleva el nombre de la ministra de cultura (González-Sinde), cuáles son las propuestas que promueve esta ley y la opinión pública que se ha creado en torno a su creación y a su posterior aprobación. El interés del artículo será mostrar el debate aparecido en los medios en torno a la ley, con especial protagonismo de Internet, que se postula como el nuevo medio de comunicación de masas, no solo del futuro, sino también del presente. Se expondrán las distintas posturas enfrentadas y sus argumentaciones, las claves para entender porqué esta ley restringe las libertades de los cuidadanos y porqué, a su vez, es necesaria para el sostenimiento de una industria cultural que produce contenidos que deben ser retribuidos por todo aquel que los consume. A su vez, se mostrará el contexto socio-político en el que aparece esta ley, y el porqué de un descontento y un rechazo tan exagerado entre la ciudadanía.

Contexto socio-político en que se enmarca la Ley Sinde.

Nos situamos en los últimos meses de 2010. España, como muchos países occidentales de vertiente capitalista, se encuentra sumida en una grave crisis económica, que viene arrastrando desde finales del año 2007. Esta crisis, procedente de EE. UU y basada principalmente en una crisis de mercado (los bancos y cajas de ahorros no pueden hacer frente a todas las hipotecas concedidas previamente y se endeudan), afectó de manera muy dura a España por ser uno de los principales mercados constructores del mundo. La burbuja inmobiliaria, gracias a la cual se habían enriquecido muchos ciudadanos durante largos años, no pudo dar más de sí y “estalló”. Como consecuencia, los poderes públicos han tenido que ayudar a bancos y cajas, rescatándolos de sus deudas, y la situación laboral en la industria del ladrillo se ha convertido en un nido de precariedad. El desempleo no afectó solo a los trabajadores del sector constructor, sino a muchos otros puestos del sector servicios e industrial, que han visto disminuir sus ventas ante el descenso de demanda de ocio y de productos no necesarios (consecuencia de la situación de desempleo y de la disminución de sueldos en las administraciones públicas y en otros sectores laborales). Como consecuencia, una tasa de paro de casi el 20% (casi cinco millones de personas no tienen empleo, y subsisten con los subsidios concedidos por el Estado) y un creciente descontento/desconfianza de la ciudadanía con/en el sistema y con/en el Gobierno de turno (en este caso, el del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero al frente).

¿Qué es la Ley de Economía Sostenible?

La Ley Economía Sostenible es un conjunto de reformas que el Gobierno va a implementar para crear empleo y lograr un nuevo modelo económico. Estas reformas se llevarán a cabo en los próximos meses, para que entren en vigor en la legislatura actual, antes de las Elecciones Generales al Congreso de los Diputados, en 2012. Se pretende impulsar la recuperación económica española, favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo y renovando de manera profunda el patrón productivo actual. Ante la gravedad de la situación económica internacional, los países reunidos en la cumbre internacional del G-20 decidieron coordinar una respuesta de política económica que ha permitido evitar la quiebra del sistema financiero y amortiguar el efecto de la crisis sobre la actividad y el empleo. En este contexto, el Gobierno aprobó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E), con más de 100 medidas de política económica y una importante movilización de recursos públicos para afrontar la situación de crisis económica. Tras este, una vez se comenzaron a ver datos positivos de reactivación económica, el Gobierno español decidió poner en marcha la llamada Ley de Economía Sostenible: un amplio documento que engloba multitud de medidas en multitud de ámbitos y con el que se pretende impulsar un cambio en el modelo económico de España para la próxima década, incidiendo en competitividad, sostenibilidad medioambiental, normalización de la construcción, innovación y formación profesional e impulso a los sectores emergentes. Para su aplicación, contará con fondos por valor de 25.0000 millones de euros.

¿Qué es la Ley Sinde?

Es el nombre informal con el que se conoce al apartado particular de la Ley de Economía Sostenible, llamado “Disposición Final 43” y propuesto en mayo de 2009. Los cambios que intenta introducir este apartado afectan a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (centrada en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y del comercio electrónico). El objetivo de esta ley sería el de que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura tengan la potestad de cerrar páginas web que “vulnere los derechos de propiedad intelectual”, siempre con una previa autorización de los Juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo. La comisión de Propiedad Intelectual debe recibir una denuncia, de particulares o de autores/empresas afectadas, para que se inicie la deliberación de si se ha cometido una falta o no. En el caso de producirse, se podrían seguir dos vías: a) Se avisa al infractor de la Ley (mediante una petición que exime al poder judicial del asunto), que tendrá 48 horas para retirar voluntariamente este contenido de su web; b) Se obtiene una orden judicial que autorice la retirada del contenido de su emplazamiento en la red. El 15 de febrero fue aprobada en el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE, PP y CiU, oponiendo resistencia en el voto los partidos PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC.

Posturas enfrentadas al respecto de la Ley Sinde

Antes de exponer las posturas y opiniones enfrentadas que encontramos en la sociedad española, vamos a explicar brevemente las bondades y los problemas que acarrea la Ley Sinde.

Es evidente que la Ley intenta proteger el trabajo de toda una industria, la cultural, que ofrece contenidos muy variados. Los contenidos que son susceptibles de rodar a través de internet poseen diversa índole, siendo los más recurridos: descargas de libros en versión .pdf, música en versión .mp3 o películas en versión .mpg o .avi. Todos estos productos salen de un proceso en el que se encuentran implicados muchos trabajadores, ya sean los propios artistas o distribuidores, editores, realizadores, productores... Con esta Ley, se ayudaría a mantener los puestos de trabajo de aquellos que cotizan gracias a la industria cultural, así como a favorecer el crecimiento del empleo y la justa distribución de los beneficios.
Por contra, este límite en la red supone una violación del artículo 20 de la Constitución (libertad de expresión/información) contra todos los usuarios.

Muy pocas son (por no decir inexistentes), a través de internet, las personas que se manifiestan a favor de este precepto de la Ley. No aparecen voces favorables al asunto en los medios de comunicación digitales, ni hay usuarios que, en foros de debate, apoyen la causa de la ministra de cultura. Algunos artistas, como Loquillo, se basan en que “La música no es algo de fin de semana, esto es un oficio y defiendo esa creación, y el respeto a los creadores. Deberíamos abandonar ese concepto tercermundista de que la cultura se compra en el suelo, porque eso nos define como país y nos jugamos que no haya talentos en España en el futuro ”. El cantante, que concedió una entrevista a ABC, aseguró que “si no defendemos a los artistas y creadores, va a venir aquí toda la industria de Miami y no vamos a tener nada que decir. Es necesaria la educación para que entendamos que el artista debe poder decidir sobre su obra, ya sea para vender, regalar o destruirla". Por su parte, Eduardo Bautista (presidente de la SGAE), piensa que “Los consumidores tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución en la que las cosas tiene un precio y solo el Estado puede decir que la cultura sea gratis. Y si el Estado quiere 'cultura gratis', que incluya a los creadores entre los funcionarios”.

Sin embargo, esta falta de información que apoye a la Ley realmente se contradice con aquella opinión que abanderan muchos blogs de la esfera cibernética: “los medios de comunicación son poco fiables y, en muchas ocasiones, simplemente siguen los designios de ciertas formaciones políticas, solo porque comparten ideologías. En España la mafia política dominante controla los grandes medios de comunicación. Los necesitan para seguir engañando a la población” (Enrique Aragonés, miembro de la plafaforma No les votes). La declaración previa no es baladí, nos recuerda a aquella disfunción protagonizada por los medios: la asociación de estos con el poder político establecido (representado en este caso en la figura de aquellos que votaron a favor de la Ley). Wright Mills dio en el clavo al asegurar que la disfunción radica en la falta de responsabilidad asumida por las élites culturales, intelectuales y técnicas de la sociedad. Es muy limitado el número de personas, pertenecientes a estas élites, que se manifiestan a favor de la Ley, ya sea por evitar el rechazo de tantos usuarios “cabreados” o porque prefieren no crear polémica en este clima ya de por sí caldeado.

Además, los usuarios apelan al artículo 20 de la Constitución para proteger su derecho a la libre descarga de contenidos en internet. Lucian Marín expone en su blog: “Saben que no queremos dar a nadie el derecho a censurar la red en nombre de los lobbys de los derechos de autor… y les da igual, gobiernan por el pueblo pero sin el pueblo. No se trata de descargar música o no, no se trata de ver pelis gratis o no, se trata de que con nuestros derechos fundamentales no se juega”. A esto se le añade la noticia conocida, vía Wikileaks, de que Estados Unidos está detrás de toda esta disposición de la ley: “Estados Unidos nos coloca en el Top5 de los países que supuestamente más piratería produce. ¿En qué se traduce esto? Ni más ni menos en que, para EEUU, tenemos un gran cúmulo de piratería en Internet en nuestro país. El gigante norteamericano ha vuelto a pedir medidas urgentes al Gobierno español para que actúe contra los millones de personas que descargamos legítimamente los contenidos de la web”.

Y parece ser que la ONU da la razón a los usuarios en esta argumentación que rechaza lo anti-constitucional de la Ley. Indirectamente, la Organización de las Naciones Unidas condena la Ley Sinde, pronunciándose en contra de su precedente francesa: la Ley Hadopi, que pretende regular y controlar Internet para perseguir las infracciones de copyright. Consideran que leyes como la Hadopi chocan y violan los derechos humanos y piden a los Estados que las deroguen. El informe de la ONU, titulado “Reporte Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de expresión y opinión”, califica como “muy grave” el que se pueda llegar a negar a los ciudadanos el acceso a Internet. Los usuarios españoles siguen pensándolo, pero cada vez son más las voces dispuestas a llegar hasta el Tribunal Constitucional: la Asociación de Internautas ha estudiado esta iniciativa, "si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal y como está ahora mismo no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad", afirmó a Efe el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo.

Alternativas que se plantean a la Ley Sinde

Es bien conocido el dicho de “quien hace la ley, hace la trampa”, que da a entender que en toda restricción se puede encontrar un vacío legal si se busca bien. Por ello, muchos de los internautas afectados han fijado una serie de pautas que, si son puestas en práctica por las webs en peligro de cierre, podrían ayudar a esquivar de algún modo la disposición que protege los derechos de autor. El más sonado, el documento que creó el colectivo “Hacktivistas”, llamado Manual de Desobediencia a la Ley Sinde. En él podemos encontrar algunas recomendaciones para estos webmasters, tales como:

Utilizar un hosting fuera de España: ya que sobre los nacionales pueden intervenir fácilmente.
No usar registradores españoles: sobre los que podrán tomar acciones para suspender el dominio.
Compartir servidor: porque cerrando nuestra web, cerrarán otras colateralmente que tienen sus propios derechos fundamentales.
Web Social: donde se reúna una comunidad, de esta forma no se pueden cerrar al violarse no solo la ley fundamental de la libertad de expresión, sino también la libertad de asociación.
Pagos Anónimos: para que el dinero no pueda ser investigado.

Otros, menos activistas, abogan por una renovación más extrema del modelo cultural, de tal modo que se regularicen los precios, descendiéndolos un poco (se piden cantidades desorbitadas por cd's y dvd's oficiales), y que se favorezca un sistema de descargas más rápido y lo suficientemente barato como para resultar competitivo. Un usuario de Forocoches reza así: “Lo que tienen que hacer para evitar el pirateo es sacar al mercado lo que ofrecen a precio acorde con la plataforma. Yo no quiero un CD si escucho la música en mi Nokia. No quiero un soporte físico que me ocupa espacio y he pagado por él para tenerlo criando polvo. Y lo mismo haría con películas o juegos. Pero hay un "pequeño problema", y es que, en este país, el servicio de descarga es MUY CARO. No por el hecho de la tarifa mensual, sino porque la velocidad de descarga es muy lenta como para no poder compensar la compra "online" de, por ejemplo, una película en Blue-Ray. Si hacen una Ley para evitar la piratería, debería de ir acompañada de una mejora en la velocidad de acceso y descarga de datos para AGILIZAR el COMERCIO en la web”.

Conclusiones

Pocas son las informaciones oficiales que se tienen por ahora de todo lo que rodea al documento que lleva el nombre de la ministra de cultura, más siendo un precepto de Ley con apenas cuatro meses de vida (y que ni siquiera ha entrado en vigor de momento). Tampoco se conoce la fecha exacta de su puesta en marcha ni las actuaciones oficiales que se pueden llevar a cabo desde distintas plataformas y asociaciones de internautas. Hemos descubierto que la red alberga un número sorprendentemente superior de opiniones y argumentos en contra que a favor; que las élites culturales y políticas, principales implicadas, se mantienen en silencio frente a los medios o realizan apariciones esporádicas. También que los usuarios aumentan su molestia retroalimentándose unos a otros en foros de debate (ejemplificando la función de los medios a favor de la interacción y el debate social, de la que ya hablaban P. Lazardsfeld y K. Lewin), de manera que se han creado plataformas como No les votes, quienes pedían a los ciudadanos que regalaran su papeleta de voto a los partidos pro-Ley Sinde –PP; PSOE; CiU – en las Elecciones municipales del 22M; además de grupos con intereses comunes, que no tienen miedo de llegar hasta el Tribunal Constitucional para defender lo que creen legítimo, su derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Además, la red cuenta con numerosas webs y blogs, en los que se establecen pautas para que las páginas en peligro de desaparición puedan evadir responsabilidades antes de la entrada en vigor de sus futuras restricciones. Sin olvidar el apoyo, aunque poco más que moral, que la ONU ofrece a todos los ciudadanos afectados por leyes que protegen el copyright de este modo (como la Ley Hadopi francesa). Habrá que esperar hasta la aplicación práctica de la Disposición Final 43 para descifrar qué actuaciones se llevan a cabo desde Internet, cómo se aplicará finalmente el precepto, cuántas webs desaparecerán y cómo contribuirá la Ley Sinde en el nuevo modelo de economía sostenible, que pretende un crecimiento económico estable y sostenible, así como una reducción significativa del desempleo, para el año 2020.