Caso Invercaria
Tribunal Audiencia de Sevilla
Palabras clave
Prevaricación y tráfico de influencias

El caso Invercaria es una causa judicial en la que están implicadas varias personas políticas y empresarias de Andalucía en relación a la empresa pública de capital riesgo Invercaria debido a la irregularidad de varias de las inversiones y contratos suscritos por los dirigentes de Invercaria con algunas empresas andaluzas.

Cronología

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En 2012, la Cámara de Cuentas de Andalucía detecto irregularidades en ciertos préstamos de inversión y contratos firmados por parte del presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, con la empresa


Piezas separadas

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Aceitunas Tatis

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La empresa Aceitunas Tatis, S.L. se constituyó el 27 de septiembre de 2004 en el municipio jienense de La Carolina como empresa de comercio al por mayor y por menos de productos alimenticios. En los hechos probados de la causa, se describe que en fecha no determinada, pero en todo caso anterior a enero de 2009, la administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, «acuciada por las deudas y la deficiente situación económica» de la empresa, solicitó un aval a la agencia IDEA, que le fue concedido el 19 de enero de 2009. La Fiscalía asevera que la situación económica de la mercantil era «de tal gravedad» que, «a pesar de contar con la concesión del aval tras la tramitación del pertinente expediente, no pudo ser formalizado, debido a que la empresa no obtenía financiación por medios privados, de tal manera que terminó renunciando al aval».[1]

Antes de junio de 2009, aprovechando que le habían puesto en contacto con Pérez-Sauquillo, la administradora de Aceitunas Tatis se presentó en Invercaria y logró entrevistarse personalmente con el presidente. Tras la reunión, la empresa obtuvo un prestamos de 100.000 euros en lo que la Fiscalía tildó de «decisión personal» de Pérez-Sauquillo. Se da por probado además que la documentación en poder de Invercaria sobre la empresa se aportó con posterioridad a la concesión del préstamo, saltándose por tanto el orden lógico de actuaciones. Gracia Rodríguez solicitó más tarde una nueva ayuda de 350.000 euros, que fue denegada.[2]​ El préstamo participativo de 100.000 euros sí fue concedido el 19 de junio de 2009, aunque el destino del dinero no fue el declarado, si no que fue destinado a pagar a acreedores de la empresa.[1]

La Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo por malversación, así como una compensación solidaria conjunta con Gracia Rodríguez Cortés de 108.732,22 euros en favor de Invercaria.[1]

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sentenció el 23 de enero de 2023 que Tomás Pérez-Sauquillo era culpable de prevaricación, por lo que le impuso una pena de tres años y medio de cárcel, junto a un tiempo igual de inhabilitación y la compensación solidaria íntegra solicitada por Anticorrupción.[3]

Fumapa

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Fumapa, S.L. era una empresa de carpintería metálica propiedad del empresario Fulgencio Canales Rodríguez que recibió en 2009 un préstamo contabilizado como subvención por parte de Invercaria de 359.581,60 euros, cuando la empresa arrastraba un patrimonio negativo de 26.000 euros desde dos años antes y no se había sometido a una auditoria en 2007.[4]

La mitad de la inversión fue transferida a otra mercantil, Fumafra, S.L. también dedicada a la carpintería metálica y propiedad de Francisco Gutiérrez Cañizares.

La causa de Fumapa fue la cuarta pieza de la macrocausa de Invercaria. En la misma, Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel para el empresario de la sociedad y salpicó a Cristóbal Cantos, director de promoción de Invercaria, que si bien solicitó la necesidad ed contar con una auditoria de las cuentas de la sociedad en el ejercicio de 2007, calificó a la empresa de «un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada».[5]

La Sala Primera de la Audiencia de Sevilla absolvió a tres miembros del consejo de administración de Invercaria en la causa de las ayudas a Fumapa: Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín López; y condenó a Tomás Pérez Sauquillo a tres años y un día de cárcel (prevaricación y malversación de caudales), y al empresario Fulgencio Canales Rodríguez a un año y seis meses de cárcel e inhabilitación absoluta durante tres años (inductor de un delito de malversación).[6]

Servivation

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Operador Aéreo Ándalus

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Lolita Canalla

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Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA)

Own Spa

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Tabla resumen de la causa

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Imputados

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A finales de 2023, había __ imputados

Véase también

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Referencias

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Categoría:Casos judiciales de España Categoría:Corrupción en Andalucía