Paro Nacional de Perú de 1977

El Paro Nacional de Perú de 1977 fue el paro general sucedido el 19 de julio de 1977 convocado por diversas organizaciones sindicales agrupadas en el Comando Unitario de Lucha (CUL) en contra del gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez. El paro es considerado como la protesta más grande de la historia del Perú.

Fondo

El 3 de octubre de 1968 Juan Velasco Alvarado, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este golpe se produjo, entre otras razones, debido a la incapacidad de Belaúnde para implementar reformas en diversos sectores, obstaculizadas por la oposición de la coalición entre el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta. La reforma agraria, la más significativa de estas reformas, fue frustrada por los intereses de la oligarquía, defendidos por la coalición opositora.

El nuevo gobierno, intitulado «Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada», asumió un carácter nacionalista de izquierda y reformista, promoviendo cambios profundos en la sociedad peruana. Entre sus iniciativas destacaron la promulgación de la reforma agraria de 1969, la declaración del quechua como idioma oficial a nivel nacional, el incremento de los derechos laborales, el empoderamiento de los sindicatos, además de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y de los servicios públicos.

A pesar de la legitimidad inicial obtenida por las reformas, el gobierno militar de Velasco enfrentó un creciente descontento tanto de los sectores sindicales de izquierda y de los sectores conservadores. El descontento popular se agravó por la crisis económica y la situación alcanzó un punto crítico con una huelga policial en febrero de 1975 que desencadenó saqueos, incendios y un descontrol social en la capital. Esta combinación de factores minó la estabilidad del gobierno de Velasco y propició que un sector del gobierno, liderado por Francisco Morales Bermúdez, diera un golpe de Estado en su contra en agosto de ese mismo año.

Motivado por la crisis económica y política, Morales Bermúdez lideró un proceso de reversión de las reformas impulsadas por Velasco. Bajo su gobierno, se promovió la privatización de sectores económicos, se implementaron políticas de flexibilización laboral y se redujeron algunos derechos laborales. Además, se favoreció una mayor apertura al capital extranjero. A pesar de estas medidas, la economía experimentó una inflación descontrolada, una profunda recesión y un alarmante aumento del desempleo. Estos factores contribuyeron significativamente al creciente descontento social, particularmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad.

Preludio

Tras el estallido popular en Lima de junio de 1976, el gobierno militar respondió con medidas represivas contundentes. Estas incluyeron la suspensión de las garantías constitucionales, la declaración del Estado de emergencia y la instauración de toques de queda, de forma permanente en la capital y de manera intermitente en el resto del país, que se extendieron durante casi un año. Además, se suprimió el derecho a la huelga y se intensificó la persecución y represión contra dirigentes sociales y sindicales. A pesar de las severas limitaciones impuestas por la dictadura, los movimientos populares y los partidos de izquierda se organizaron para llevar a cabo una resistencia organizada contra el gobierno.

En mayo de 1977 Luis Barúa Castañeda, uno de los principales impulsores de la nueva política económica, renunció a su cargo de ministro de Economía. Barúa se hizo conocido por su rol en la implementación de los «paquetazos», un conjunto de medidas económicas marcadas por aumentos significativos en los precios de productos básicos. Su renuncia estuvo motivada por la resistencia de sectores del gabinete a apoyar medidas más severas ante presiones de la derecha, la cada vez mayor disposición de amplios sectores impulsados por la izquierda para protestar y resistir frente a nuevas medidas de austeridad y la insistencia de los partidos políticos para la restauración de la democracia.​

Walter Piazza Tangüis, ingeniero y empresario ligado a la Sociedad Nacional de Industrias, fue nombrado como sucesor de Barúa. Antes de aceptar el cargo, impuso varias condiciones, entre ellas la continuación y profundización de la política de su predecesor y la implementación de significativos recortes presupuestarios. Tras su nombramiento, se dedicó a estructurar un programa de emergencia y consiguió la aprobación del gabinete ministerial para una serie de medidas que incluyeron la reducción del gasto público y el aumento en los precios de los productos derivados del petróleo, lo cual resultó en el incremento de las tarifas de transporte.​

El 10 de junio, Piazza anunció en la cadena nacional de radio y televisión un nuevo «paquetazo» económico, incluyendo una drástica reducción del gasto gubernamental para el resto del año 1977, un fuerte aumento en el precio de la gasolina y los combustibles, «minidevaluaciones» de la tasa cambiaria, incrementos de hasta un 30% en los precios de alimentos importados y locales y aumentos salariales limitados a un máximo del 15%. Estas medidas consiguieron el apoyo de los sectores empresariales, como la Confederación Nacional de Comerciantes, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias. Mientras tanto, las reacciones y acciones públicas de los sectores sindicales no se manifestaron de manera inmediata.​

Las protestas

Primeras manifestaciones en Lima

El «paquetazo» implementado por el gobierno fue considerado como uno de los golpes más severos contra las ya deterioradas condiciones de vida de la gran mayoría de la población. El 13 de junio, la Federación de Empleados Bancarios (vinculada al Partido Comunista Peruano - Unidad, que apoyaba al gobierno militar) ejecutó un gesto simbólico de una huelga de 90 minutos. Este acto buscaba expresar el descontento y la indignación frente a las medidas económicas que afectaban gravemente a los trabajadores y sectores populares del país. Las organizaciones sindicales no iniciaron nuevas acciones importantes de protesta, sino que convocaron asambleas para coordinar las acciones de manera centralizada.​

El mismo día 13 se realizaron movilizaciones estudiantiles en varios puntos de la capital en protesta por el alza del precio de los pasajes: las juventudes apristas de la Universidad Nacional Federico Villarreal bloquearon la avenida Nicolás de Piérola y otras avenidas en el centro de la ciudad, estudiantes izquierdistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Peruana Cayetano Heredia interrumpieron el tránsito entre las avenidas Venezuela y Túpac Amaru, además de manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La represión condujo a la detención de más de 100 manifestantes. El 17 y 18 de junio, cientos de estudiantes del distrito del Rímac sostuvieron enfrentamientos con las fuerzas policiales.​

Ante el temor de un aumento de las protestas en Lima y su generalización en el resto del país, el ministro del Interior Luis Cisneros Vizquerra emitió un comunicado señalando la vigencia del Estado de emergencia, así como la prohibición de cualquier forma de huelga «so pena de la rescisión automática de los contratos de trabajo de los infractores». Otras medidas incluyeron la invasión policial de locales sindicales, el aumento en la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales y activistas y la publicación de falsos comunicados pretendían simular un apoyo popular a las medidas gubernamentales.​

Estallido de las protestas en el sur

Pese a la aparente calma en la capital, el 15 de junio se iniciaron las movilizaciones en los departamentos del Cusco, Puno y Arequipa. La protesta inició con fuerza en la ciudad del Cusco, con enfrentamientos de estudiantes de educación secundaria y universitaria con las fuerzas policiales en la Plaza de Armas y la avenida de la Cultura. La Dirección Regional de Educación se vo obligada a suspender las actividades escolares hasta el 25 de junio. El 16 de junio, un Frente Amplio liderado por la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco convocó a un paro departamental de 72 horas, ante lo cual el gobierno implementó un toque de queda entre las 21:00 y las 05:00 horas. La rebelión en Cusco se extendió al resto de la región: en Sicuani, tres mil estudiantes ocuparon las oficinas del Ministerio de Agricultura y Alimentación y en Urubamba, Espinar, Quillabamba y Calca se bloquearon las principales vías.​

En Puno, los estudiantes universitarios iniciaron manifestaciones que ocasionaron la ocupación de la ciudad por elementos del Ejército, además de la suspensión de las laborales escolares hasta el 30 de junio y las universitarias hasta el 5 de julio. En Arequipa, los estudiantes de educación secundaria sostuvieron enfrentamientos con la policía el 21 de junio, por lo que se tuvo que suspender sus actividades por tiempo indefinido. Al día siguiente, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa convocó un paro de 48 horas, que se cumplió de manera prácticamente total: se mantuvieron cerrados los servicios comerciales y se suspendieron los servicios de ferrocarriles y el transporte interprovincial, desconectando Arequipa y todo el sur peruano.​

En respuesta a la detención de Víctor Cuadros, secretario general de la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos del Perú, los cinco Sindicatos de Trabajadores de la Southern Perú Cooper Corporation decretaron una huelga general el 25 de junio, misma que se extendió durante más de una semana. El 30 de junio, el gobierno decretó el toque de queda en la ciudad de Tacna entre las 21:00 y las 05:00 horas en respuesta a las marchas de los estudiantes universitarios, los pobladores de los pueblos jóvenes y las vendedoras de mercadillos. El mismo día, en Moquegua se suspendieron las labores escolares en respuesta a las movilizaciones de los estudiantes.​

Las manifestaciones iniciaron en Ayacucho en los días siguientes: el 22 de junio, se informó sobre la detención de más de 50 profesores y estudiantes universitarios, cuyo número fue aumentando en los días siguientes. El 23, el gobierno implantó el toque de queda en toda la provincia de Huamanga entre las 20:00 y las 05:00 horas y la interrupción de las clases universitarias hasta el 5 de julio. En Huanta, se movilizaron estudiantes de colegio e inmediatamente se suspendieron las labores escolares. Al mismo tiempo, el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Cerro de Pasco denunció la ocupación de su local y en otros centros mineros de la región se realizaron persecuciones y encarcelamientos de dirigentes sindicales.​

Reacciones del gobierno militar

El 24 de junio, Día del Campesino, Morales Bermúdez viajó a Cerro de Pasco y pronunció un discurso condenando a los que denominaba «conocidos vendedores de ilusiones, profesionales de la demagogia, (que) pretenden crear situaciones de conflicto a través de falsas promesas y programas de imposible realización», además de acusar a las agrupaciones de izquierda de promover la «agitación» y el «desorden» en el país.​

A fines del mes, el ministro Cisneros Vizquerra reportaba que «hubo un muerto en el Cusco, un civil», que «están un poco movidos en Ayacucho» y limitaba las movilizaciones a «Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho». Por su parte, el ministro de Educación Otto Eléspuru Revoredo anunciaba la suspensión de los desfiles escolares por Fiestas Patrias justificándose en que no concordaban «con las medidas de austeridad» para ocultar el temor de un aumento de las manifestaciones escolares contra el gobierno. Poco después, el gobierno declaró «ilegal» la huelga minera en el sur del país.​

El 3 de julio, el presidente del Comando Conjunto, Óscar Molina Pallochia, declaró que los «disturbios» en el interior del país estaban controlados en su práctica totalidad, negando que hubieran sido motivados por las medidas económicas implantadas por el gobierno y acusando una supuesta planificación de movimientos «perfectamente organizados y preparados» por su simultaneidad por parte de «elementos de la ultraizquierda».​

El paro docente del 5 de julio

Mientras tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) intensificaba sus esfuerzos organizativos para llevar a cabo un paro nacional de 120 mil maestros de primaria y secundaria en todo el país el 5 de julio, una medida programada desde varios meses atrás. Ante esta situación, el Ministerio de Educación intentó contrarrestar la huelga general apelando al «sentido de responsabilidad» de los maestros y amenazando con despidos en caso de acatar el paro.​

A pesar de los esfuerzos del gobierno, el paro convocado por el Sutep fue acatado casi en su totalidad a nivel nacional. Los líderes del Sutep afirmaron que la paralización fue seguida por el 90% de los maestros del país, mientras que el gobierno reconoció la existencia de un «paro nacional» de maestros. En algunas regiones, este paro estuvo acompañado por movilizaciones estudiantiles de educación secundaria. El éxito de la huelga del Sutep generó un impulso hacia la demanda de un paro general nacional.​

Renuncia del ministro Piazza

La huelga del Sutep reveló que la situación en el país seguía siendo tensa y que podría intensificarse en las semanas siguientes. El 6 de julio el ministro Piazza presentó su renuncia, sin haber cumplido ni siquiera 2 meses en el cargo. En su carta de renuncia, Piazza no comentó sobre el estallido de las protestas tras las medidas anunciadas por él, sino que la justificó al no alcanzar el apoyo de la mayoría del gabinete ministerial. En los días posteriores, diversas organizaciones políticas y sindicales atribuyeron la renuncia como «una conquista del pueblo» y demandaron alternativas a las medidas económicas y opciones democráticas.

Las críticas contra el gobierno se intensificaron a lo largo de los siguientes días, a quienes se fueron sumando otras organizaciones: el 10 de julio, cinco obispos de los departamentos de Cusco y Puno publicaron una carta pastoral denunciando la violenta represión contra las protestas en la región y acusando que «una minoría privilegiada descargue el peso de la crisis económica en los hombros de los sectores populares», demandando la reversión de las medidas económicas adoptadas, libertad para los detenidos e información sobre los muertos y desaparecidos.

Reinicio de las protestas

Si bien en el norte las protestas en junio fueron escasas, la situación cambió el 12 de julio cuando en Trujillo se movilizaron los moradores de los pueblos jóvenes protestando por el incremento de pasajes en más del 50% (como había ocurrido en todo el país) y exigiendo su inmediata reducción o anulación. A pesar de la advertencia del gobierno de que «las fuerzas del orden impedirán cualquier tentativa de marcha», los manifestantes (principalmente de La Esperanza) avanzaron hacia el centro de la ciudad donde se enfrentaron a las fuerzas policiales, resultando en numerosos heridos y detenidos. Las actividades escolares se suspendieron.

Al mismo tiempo, en Huancayo se iniciaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías que se extendieron durante los día 11 y 12 de julio. El gobierno decretó un toque de queda entre las 17:00 y las 06:00 horas, mientras que el Ejército se movilizó para ocupar la ciudad. Los disturbios se extendieron por toda la ciudad, interrumpiendo las vías de comunicación y aislando prácticamente a todo el valle del Mantaro. El resultado fue de al menos 5 muertos y 36 heridos, y varios cientos de detenidos. La intensidad de las protestas en la región central llevó a la suspensión inmediata de las labores escolares y universitarias.

El gobierno militar, buscando evitar la prolongación de la agitación, dispuso la reducción de los precios del pan, la harina y los fideos. Sin embargo, el impacto fue nulo dado que llegó demasiado tarde para influir en la situación. Los miembros del gobierno atribuyeron la situación a «grupos de extremistas», atribuyéndolo nuevamente a un supuesto plan coordinado «con clara intencionalidad política, en el que se ha utilizado condenablemente al estudiantado». Molina Pallochia señaló que el gobierno había «controlado con mucha prudencia, pero con firmeza, los desórdenes producidos en algunas ciudades del país» y anunció la suspensión del desfile militar de Fiestas Patrias. El presidente de facto Morales Bermúdez se vio obligado a cancelar sus viajes al interior del país.

El paro nacional

La convocatoria

Las organizaciones sindicales abajo firmantes, hacemos un llamado a todas las organizaciones independientes y bases de la CTP a unir fuerzas para llevar adelante la plataforma de lucha MEDIANTE EL PARO NACIONAL de nuestras Organizaciones Sindicales, EL DÍA 19 DE JULIO DE 1977.

Consecuencias

El paro del 19 de julio es considerado como el punto de quiebre en la historia del movimiento laboral peruano: por primera vez se consiguió la paralización de prácticamente todos los trabajadores sindicalizados y la protesta de una gran parte de los sectores pobres del país. Asimismo, se comenzaron a organizar las primeras organizaciones defensoras de los derechos humanos por la represión gubernamental.​ El 21 de julio, el gobierno decretó la autorización de todas las empresas públicas y privadas para despedir a quienes no hubieran asistido a su centro de laborales el día del paro. En las siguientes semanas, resultaron despedidos entre 3500 y 5000 trabajadores. A lo largo de 1977 y 1978, continuaron múltiples huelgas y paros convocados por organizaciones sindicales locales con la subsiguiente movilización de alrededor de 1.4 millones de trabajadores.​

Días después del paro, el 28 de julio, Morales Bermúdez anunció el inicio del fin de la dictadura militar: la convocatoria a elecciones para la conformación de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución, convocatoria que se materializó mediante Decreto Ley N.° 21949 del 4 de octubre de 1977.​ Varios de los líderes sindicales y de izquierda perseguidos y deportados durante el régimen como Genaro Ledesma, Hugo Blanco y Ricardo Napurí resultaron electos como constituyentes.​ La democracia en el Perú se reestablecería completamente tras las elecciones generales de 1980, donde resultó electo como presidente Fernando Belaúnde Terry.​

Bibliografía

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• Obando, Manuel (2022). «Paro Nacional de 1977: Así fue como una huelga ayudó a restaurar la democracia en el Perú». infobae.com. 
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